Curso virtual auto formativo, el cual busca generar en las personas participantes los conocimientos necesarios, actitudes y habilidades para realizar un abordaje integral e interdisciplinario de las personas víctimas de violencia sexual, según lo establecido en la actualización del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual (Primeras 72 Horas de Ocurrido el Evento).
Se encuentra dirigido tanto al funcionariado del Poder Judicial, como al de las otras instituciones involucradas en la implementación del Protocolo (como Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Salud, Sistema de Emergencias 911, Fuerza Pública, Cruz Roja Costarricense, Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Ministerio de Justicia y Paz, Organizaciones de Sociedad Civil)
Esta actividad de capacitación busca crear condiciones de confianza y diálogo legítimo entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, en un contexto en el que el fortalecimiento del Estado de Derecho exige esfuerzos explícitos de los poderes públicos. Se basa en buenas prácticas internacionales, inspiradas en la experiencia del Reino Unido, para ofrecer un espacio seguro, neutral y técnicamente facilitado. El diálogo se enmarca en datos verificables y estándares de gobernanza, elevando la calidad del debate por encima de las narrativas y, en paralelo, fortaleciendo las capacidades de las asesorías legislativas.
Esta propuesta evoluciona de un formato de capacitación a un proceso político-técnico de construcción de confianza entre pares, con una capa formativa dirigida a las asesorías. La estrategia se ordena en cuatro anclajes:
- Independencia judicial aplicada
- Canales formales y reglas de trato institucional
- Evidencia sobre el funcionamiento y los límites del sistema de justicia
- Cooperación orientada al servicio de la ciudadanía
La implementación consta de dos dimensiones. La primera, de carácter técnico, apunta a mejorar las capacidades y el desempeño de los equipos de asesoría de la Asamblea Legislativa mediante contenidos claros, metodologías prácticas y repositorios de referencia. La segunda, de naturaleza política, se despliega en dos momentos: por un lado, un encuentro entre autoridades judiciales y legislativas. en formato protegido por estándares internacionales, que propicia franqueza y entendimiento; y por otro un diálogo con todas las diputaciones y foros específicos de la Asamblea Legislativa, sustentado en datos objetivos, en los que se transparenten procesos y se comparten prioridades institucionales. Con ello se consolidan reglas de trato, se aclaran límites y responsabilidades institucionales y se orienta la coordinación al interés público.
Para el desarrollo de lo anterior se realizará esta actividad de capacitación, que se basa en el enfoque por competencias, lo que permite que los contenidos desarrollados sean apropiados por parte de las personas participantes y tengan un impacto amplio y positivo en sus actuaciones en el puesto que desempeñan, lo que les permitirá relacionarse asertivamente con el Poder Judicial, mediante el conocimiento de su fundamento convencional, constitucional y legal, el sistema jurídico existente, la organización interna, así como los medios de comunicación que garanticen la atención de sus necesidades.
Esto se da en una doble vía, a partir del conocimiento recíproco de la naturaleza de ambas instituciones (Asamblea Legislativa – Poder Judicial) para que, desde el ámbito de acción de cada una, puedan coordinar lo necesario para su adecuado funcionamiento y organización, según lo que establece la Constitución Política:
ARTÍCULO 167.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea.
Existen diferentes aproximaciones conceptuales respecto al tema de las competencias. Un concepto generalmente aceptado la define como una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad plenamente identificada, y debe tener claro que la competencia no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo, sino que es una capacidad real y demostrada en la ejecución de ese trabajo. Por tanto, “en un sistema basado en competencias, las bases deben ser normas explicitas y mensurables del desempeño que se basan en el resultado y reflejan las expectativas reales del desempeño, en una función del trabajo” (Fletcher, 2000, p. 13) [1].
El enfoque pedagógico por competencias influye en la forma de planear, organizar, desarrollar y evaluar el currículo educativo en sus diferentes componentes:
- Propósitos
- Contenidos
- Secuencia
- Métodos
- Recursos didácticos
- Evaluación
Cada enfoque tiene su forma particular de abordar cada uno de los componentes del currículo y de dar respuesta a las preguntas:
- ¿Para qué enseñar?
- ¿Qué enseñar?
- ¿Cuándo enseñar?
- ¿Con qué enseñar?
- ¿Cómo evaluar?
Lo anterior hace característico un estilo de enseñanza-aprendizaje.
El enfoque pedagógico por competencias conjunta la teoría y la práctica, el ser con el saber y con el hacer. Busca desarrollar los atributos de la persona para su aplicación de manera óptima e inteligente, en el desempeño de su función, donde el saber hacer implica la integridad de la ocupación y del sistema de organización del trabajo, articula la teoría y la práctica y la relaciona con la experiencia individual de aprendizaje, con la situación grupal y con el desempeño laboral [2].
Dentro de este marco metodológico, se considerarán los siguientes principios orientadores de la capacitación:
- Neutralidad y legitimidad Internacional
- Facilitación externa
- Diálogo entre pares
- Foco institucional, no casuístico
- Visión de futuro
- Transparencia y servicio a la ciudadanía